4. Proceso por el delito contra la seguridad pública, perturbación al funcionamiento de los servicios públicos

PRIMERA SALA PENAL DE PIURA
(Proceso ordinario)

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

4.- Proceso por el delito contra la seguridad pública, perturbación al funcionamiento de los servicios públicos:

- Los hechos : Se les imputó el haber mantenido reuniones previas a la marcha de los comuneros y ronderos de Ayabaca, Hhbba. San Ignacio y Jaén del 25 de Julio al 08 de Agosto 05, ello con la finalidad de planificar la toma de las oficinas de Majaz, de la Comisaría y del aeropuerto; además de haber realizado un mitin en la Plaza de Armas, una vigilia y bloqueo de carreteras. No obstante, también el de difundir mensajes radiales a las rondas.


- Expediente Nº: 295-2006

- Denunciante : El Estado, mediante los procuradores del Ministerio de Transporte y del Interior (el Estado es el encargado de entregar las concesiones mineras)

- Denunciados :

1.- Palacín Quispe,Miguel (ex presidente de Conacami)
2.- Melendrez Clemente, Alfonso, (Presidente CC.CC. Segunda y Cajas),
3.- Adrianzen Ojeda, Edgardo Juvenal,
4.- Campos Ojeda, Manuel Decilio,
5.- Guarnizo García Benito,
6.- Adrianzen Mauriola, María Josefa,
7.- Ibáñez Maticorena, Federico,
8.- Ibáñez Ibáñez,Wilson Ramiro (Presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba),
9.- Huaman Pongo, Pedro,
10.- Guevara Ojeda, Arcenio
11.- Neyra Alberca, Edilberto ( Fiscal de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas)

- Delito: contra la Seguridad Pública, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos (art. 283 C.P.)

- Agraviados.- El Estado

Nota: El Fiscal encargado del presente caso y quien solicitó 5 años de cárcel y s/. 2 000 nuevos soles por concepto de reparación civil, se encuentra preso en el Penal de Río Seco de Piura por delito de corrupción.

- Situación actual del proceso:

a.- El proceso se inició el 22 de agosto de 2005 y el 26 de Junio del 2006, el Juzgado Mizto de Huancabamba dictó sentencia bsolutoria

b.- La referida sentencia fue apelada por los procuradores de los Ministerios y la Primera Sala Penal de Piura el 31 enero de 2007 resolvió confirmar la absolución.