Mediante el Decreto Supremo N. 023-2003 (emitido el 27/06/2003) el Ministerio de Energía y Minas (MEM), autoriza a la empresa minera Monterrico Metals Plc (Minera Majaz S.A.) bajo el pretexto de que resulta de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a que pueda adquirir concesiones dentro de los 50 Km de la frontera con el Ecuador.
De esta manera, desde el 2003 Minera Majaz ocupa ilegalmente las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, puesto que para obtener la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (etapa de exploración) presentó la MEM en el 2002, documentos con autorizaciones aprobadas sólo por algunos miembros de las Juntas Directivas, y no por los dos tercio de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas de conformidad con el artículo 7 de la Ley No 24656. Ley de Comunidades Campesinas, que concuerda con el artículo 11 de la Ley No 26505, Ley de Tierras.
