Mediante el Decreto Supremo N. 023-2003 (emitido el 27/06/2003) el Ministerio de Energía y Minas (MEM), autoriza a la empresa minera Monterrico Metals Plc (Minera Majaz S.A.) bajo el pretexto de que resulta de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a que pueda adquirir concesiones dentro de los 50 Km de la frontera con el Ecuador.
De esta manera, desde el 2003 Minera Majaz ocupa ilegalmente las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, puesto que para obtener la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (etapa de exploración) presentó la MEM en el 2002, documentos con autorizaciones aprobadas sólo por algunos miembros de las Juntas Directivas, y no por los dos tercio de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas de conformidad con el artículo 7 de la Ley No 24656. Ley de Comunidades Campesinas, que concuerda con el artículo 11 de la Ley No 26505, Ley de Tierras.
Además, es preciso señalar, que durante todo el trámite que ha realizado Minera Majaz a fin de conseguir la autorización correspondiente se han actuado una serie de irregularidades como, por ejemplo, la falta de ratificación por parte de la asamblea general de la Comunidad de Segunda y Cajas para permitir se realicen los trabajos de prospección sísmica en la zona. Así también, en el caso de la Comunidad de Yanta, no se tuvo en cuenta que la asamblea general decidió por unanimidad no dar el permiso a la empresa minera para que realice los trabajos de exploración correspondientes.
Pero eso no fue todo, pues no fue suficiente que durante el gobierno del ex Presidente Alejando Toledo se declarará -mediante decreto supremo en el 2003- “de necesidad pública” la inversión minera en la zona fronteriza de Piura; además de haber permitido la sistemática violación de los derechos humanos de los pobladores de la zona, que terminaron con la muerte de 02 ronderos y la tortura de otros 32 en el campamento minero en agosto de 2005, por parte del personal de las fuerzas especiales de la policía nacional, DINOES, que estaban encargados de brindar protección a toda la infraestructura de la empresa minera.
Ahora, el actual gobierno, nuevamente mediante otro decreto supremo, el 024-2008-DE, ha declarado “de necesidad pública” que se desarrolle la actividad minera en la zona, esta vez a cargo de la empresa china Zijin con el Proyecto Río Blanco (ex Majaz). Teniéndose como argumentos que la inversión a realizarse trasciende el interés privado y que se encuentra incluído dentro del supuesto establecido en el artículo 71 de la Constitución, puesto que de ejecutarse el referido proyecto se estaría contribuyendo de manera importante con el “bienestar de la comunidad, toda vez que mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida de la zona de incidencia de la activida minera”, como bien lo señala la referida norma.
Así también, con este dispositivo legal se autoriza a el consorcio chino Zijin ha adquirir 35 denuncios mineros, 08 de Monterrico Metals Plc. y 35 de la Compañía Minera Mayari SAC, todos ellos ubicados en del departamento de Piura, en la zona de la frontera norte del país, lo que representa un total de 28 263 mil has de las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Por otro lado, debe recordarse que en setiembre de 2007 hubo una Consulta Vecinal sobre el Proyecto Minero Río Blanco, en donde la población de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa dijeron no a la actividad minera en la zona. Sin embargo, el gobierno ha desconocido los resultados de esta consulta, trasgrediéndose así el derecho a la consulta que tienen las comunidades campesinas, conforme lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo.
Dentro de este contexto de sistemática violación a los derechos colectivos de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, los enfrentamientos entre los pobladores de la zona y los trabajadores de la mina es una constante.
Finalmente, debe recordarse que los últimos conflictos surgidos por esta parte del país se debe a que en los últimos años, promovidos por el propio Estado, las concesiones mineras en Piura se han incrementado, pues de 370 mil hectáreas en el 2004, a finales del 2008, alcanzan las 836 mil hectáreas, lo que representa el 26.16 % del territorio de la región Piura.
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